Los tecnólogos por la libertad y el futuro de la justicia global

John Postill

Traducido por Lara San Mamés, editado por Susa Oñate

A raíz de las revueltas de principios de la década del 2010, como la Primavera Árabe, los Indignados españoles o el movimiento global Occupy, fueron muchos los comentaristas que alegaron inmediatamente la supuesta pericia tecnológica de los «nativos digitales» o el presunto «ciberutopismo» de los defensores de la libertad en la red que apoyaban las protestas. Pero, ¿qué papel han desempeñado los activistas por la libertad de internet, también llamados tecnólogos o internautas por la libertad, en las luchas continuas por un cambio político progresista en todo el mundo? ¿Cómo puede combinarse la búsqueda de la libertad con la lucha por la justicia social?

 

Durante los últimos cinco o seis años hemos sido testigos de una explosión de iniciativas políticas en todo el mundo protagonizadas por personajes tecnológicos de todo tipo, incluyendo frikis informáticos, hackers, blogueros, periodistas especializados en tecnología, abogados de derechos digitales y políticos del Partido Pirata. De las denuncias por irregularidades a las protestas online, de las plazas ocupadas a los partidos antisistema, sus acciones políticas ya no pueden ignorarse, sobre todo después de las revelaciones de Edward Snowden sobre el masivo potencial de espionaje digital de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (NSA por sus siglas en inglés) y otras agencias aliadas.1

En mis artículos utilizo el término «tecnólogos por la libertad» para referirme a aquellos actores políticos, tanto individuales como colectivos, que combinan el conocimiento tecnológico con el ingenio político para proyectar mayores libertades digitales y democráticas. De hecho, para los tecnólogos por la libertad el destino de internet y el de la libertad humana se encuentran estrechamente entrelazados. Lejos de ser soñadores de una tecnoutopía o de un inútil activismo de sillón que cierta parte de los expertos de internet consideran, mi investigación antropológica demuestra que la mayoría de ellos son, de hecho, pragmáticos tecnológicos. Es decir, asumen una visión extremadamente práctica de los límites y posibilidades que las nuevas tecnologías ofrecen para un cambio político.

A raíz de las revueltas de principios de la década del 2010, como la Primavera Árabe, los Indignados españoles o el movimiento global Occupy, fueron muchos comentaristas los que alegaron inmediatamente la supuesta pericia tecnológica de los «nativos digitales» o el presunto «ciberutopismo» de los defensores de la libertad en la red, que apoyaban las protestas. Sin embargo, no se ha prestado suficiente atención a la contribución de los tecnólogos por la libertad en las luchas continuas por un cambio político progresista en todo el mundo. Para abordar este descuido, analizo en este artículo algunos de los éxitos políticos recientes y las adversidades de los diversos tipos de tecnólogos por la libertad (frikis informáticos, hackers, periodistas cibernéticos, abogados de derechos digitales, políticos del Partido Pirata, etc.) en tres países que experimentaron protestas masivas tras la crisis financiera de 2008: Islandia, Túnez y España. Concluyo destacando un tema pendiente en la mayoría de los proyectos de los tecnólogos por la libertad: cómo conciliar la búsqueda de la libertad con la de la justicia social, tomando España como una curiosa excepción que merece un análisis más detallado.

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De Wikileaks a las leyes de libertad de prensa 

Islandia es un buen punto de partida para comenzar nuestra investigación sobre la contribución, si es que la hay, de los tecnólogos por la libertad al cambio político progresista.

Una mañana de octubre de 2008 los islandeses despertaron con la desgarradora realidad de que su país, aparentemente próspero, estaba en bancarrota. En otras palabras: Islandia ya no podía hacer frente a su deuda externa y su moneda, la corona, había perdido todo valor. 2 Pronto se supo que los bancos islandeses habían estado otorgando préstamos extremadamente cuantiosos a sus propios accionistas y, como resultado de esta “estafa colosal”, más de 50 mil personas (una sexta parte de los 320 mil islandeses que conforman la población total de Islandia) perdieron sus ahorros. También salió a la luz que una élite financiera formada por una treintena de personas controlaba la economía del país mediante “puertas giratorias entre el mundo de las finanzas, la política y los medios de comunicación”. No fue de extrañar que esta situación provocara una profunda crisis de legitimidad tras muchas décadas de confianza de la ciudadanía en un sistema político supuestamente de los más transparentes y avanzados del mundo. Tal y como la activista por la libertad de la información Heather Brooke expuso claramente, Islandia estaba “avocada a la reforma”.

El 1 de agosto de 2009 tuvo lugar un punto de inflexión. Wikileaks, por aquel entonces desconocido, había obtenido documentos que revelaban el estricto control del clientelismo sobre el sistema financiero del país. Cuando los agentes bancarios se percataron de que estos documentos se habían publicado online, forzaron al poder judicial islandés a imponer una ley mordaza sin precedentes sobre los medios de comunicación. Bogi Ágússton, el presentador de las noticias de la televisión estatal, eludió esta orden simplemente dirigiendo a los espectadores a la página web de WikiLeaks. Este incidente convirtió a WikiLeaks en un fenómeno instantáneo en el país. Poco después, sus portavoces, Julian Assange y Daniel Domscheit-Berg, fueron recibidos en Islandia como héroes. En una entrevista en el programa televisivo de debates más conocido del país, un animado Assange propuso que Islandia se convirtiera en un paraíso de libertad informativa: “Islandia tiene que resurgir de una terrible crisis y para cambiar la sociedad de manera profunda bastaría con unos pocos activistas comprometidos, especialmente si cuentan con habilidades tecnológicas y aceptación política. Islandia tiene una gran oportunidad de redefinir sus normas y su legislación”, sostuvo Assange.

“No fue de extrañar que esta situación provocara una profunda crisis de legitimidad tras muchas décadas de confianza de la ciudadanía en un sistema político supuestamente de los más transparentes y avanzados del mundo. Tal y como la activista por la libertad de la información Heather Brooke expuso claramente, Islandia estaba “avocada a la reforma”.” 

 

Inspirados por este mensaje, un grupo de tecnólogos por la libertad islandeses y extranjeros (hackers, frikis informáticos, abogados, periodistas y políticos en su mayoría) lanzaron la Iniciativa Islandesa para Medios de Comunicación Modernos (IMMI por sus siglas en inglés). Su objetivo era afianzar la libertad de información tanto en Islandia como globalmente, en particular “los derechos de los periodistas, editoriales y blogueros”. El tecnopragmatismo del equipo fue evidente desde el inicio. Así, una de sus líderes, la autodenominada nerd, poetisa y diputada Birgitta Jónsdóttir, describía cómo “nos aventuramos en una misión de exploración en busca de las mejores leyes (de libertad de información), no solo leyes que parecieran buenas en papel sino que funcionaran verdaderamente en la realidad”.3

Para su satisfacción, el 16 de junio de 2010 el Parlamento islandés aprobó de forma unánime la resolución de la IMMI. Sin embargo, el proceso de traducir la resolución en legislación está resultando largo y tortuoso. Algunas de las cláusulas ya son leyes, como por ejemplo la protección de las fuentes, pero otras siguen pendientes actualmente y otras más están en suspenso. Una dificultad añadida es la evidencia de que, desde las revelaciones de Edward Snowden sobre la NSA, las innovaciones legales como la IMMI pueden no ser suficientes para proteger a los informantes y otras fuentes del espionaje digital de los estados y corporaciones poderosas. Esto generó peticiones de un mayor apoyo a las tecnologías de protección de la privacidad, en vista de que las “estrategias jurídicas no van a funcionar nunca” puesto que los gobiernos poderosos siempre pueden “ostentar (sic) legalidad internacional”.

En el año 2013 Birgitta Jónsdóttir se convirtió en la líder del Partido Pirata de Islandia, que entonces ocupó tres de los 63 escaños del Parlamento nacional y en 2017 ya ocupa diez. En lugar de una revolución populista, ella reivindica una “rEvolución” gradual, al tiempo que aboga por mayores libertades digitales y herramientas democráticas directas. Jónsdóttir se describe a sí misma como “anarquista pragmática” y cree que su experiencia heterogénea como poeta y friki informática le brinda una perspectiva diferente de la reforma democrática con respecto a la de los políticos convencionales. Para las personas como ella, todos los sistemas (incluido el político) existen como objeto de experimentación (es decir, hackeo) constante con el fin de mejorarlos.4

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Delinear la revolución

En contraste con el lento proceso de reforma tecnopolítica de Islandia, a finales de 2010 Túnez experimentó un levantamiento repentino que puso fin al régimen autocrático de Ben Ali, dando lugar a una nueva constitución y una democracia parlamentaria. La revolución tunecina fue insólita, ya que tuvo lugar en un país estable hasta aquel momento gobernado por presidentes vitalicios.

La revolución puede dividirse en dos fases principales: el antes y el después de la masacre de Kasserine ocurrida del 8 al 12 enero de 2001, en la que los tecnólogos por la libertad desempeñaron un papel particularmente importante, sobre todo en la primera etapa. Comencemos, por tanto, con los hechos previos a Kasserine. Las revueltas de diciembre de 2010 fueron el resultado de dos historias de lucha independientes que convergieron por primera vez: las luchas laborales de los empobrecidos “tunecinos del interior” (nuzuh) y el activismo digital de las clases medias urbanas de la capital, Túnez, y otras áreas acomodadas en el país y en el extranjero. Los blogueros y activistas digitales se habían enfrentado desde hacía mucho (tiempo) a uno de los regímenes más duros del planeta en cuanto a la censura en internet y se sentían más cercanos a movimientos globales como WikiLeaks, Reporteros Sin Fronteras o Global Voices que a la difícil situación de las clases trabajadoras de su propio país.

Al igual que en las protestas españolas que veremos más adelante, la publicación de los cables diplomáticos estadounidenses por parte de WikiLeaks ayudó a preparar el terreno de las protestas. El 28 de noviembre de 2010, pocas horas después de la publicación original de WikiLeaks, se publicó una primera tanda de 17 cables que comprometían al Gobierno tunecino en Nawaat.org, una página web creada en el 2004 por el abogado constitucionalista y bloguero Riadh Guerfali. Las filtraciones, ampliadas por el canal de televisión Al Jazeera, dieron a muchos activistas tunecinos la falsa pero sólida impresión de que en ese momento la comunidad internacional, especialmente la estadounidense, apoyaba su lucha.

El desencadenante de las protestas fue la inmolación de un joven vendedor callejero, Mohamed Bouazizi, en la ciudad de Sidi Bouzid tras haber sido supuestamente humillado por una funcionaria del Gobierno. A diferencia de anteriores inmolaciones, esta fue grabada en vídeo. El veterano activista Ali Bouazizi, primo lejano de la víctima, grabó el suceso con su móvil Samsung, lo editó con ayuda técnica de un amigo y lo compartió en Facebook. Los periodistas de Al Jazeera, a quienes se les prohibió la entrada a Túnez, encontraron el vídeo y lo retransmitieron a la nación. Dichos periodistas se basaron en la información compartida en las redes sociales por activistas tunecinos y otros ciudadanos para eludir las restricciones oficiales e informar sobre los acontecimientos en el terreno que se sucedían a un ritmo vertiginoso. Cuando el Gobierno censuró Facebook, el grupo Anonymous lanzó la Operación Túnez, llevando a cabo ataques contra las páginas web gubernamentales mediante conexiones telefónicas que facilitaban los ciudadanos tunecinos.

Imagen de Gresham College

Mucho se ha hablado acerca del vídeo de la muerte de Mohamad Bouazizi y de cómo “se viralizó”, desencadenando numerosas protestas en diversos canales en todo el país que el Gobierno tunecino fue incapaz de reprimir. Sin embargo, no es tan conocido el hecho de que su primo Ali Bouazizi añadiera dos “mentirijillas” a la historia que acompañaba el vídeo: afirmó que Mohamed era graduado universitario (cuando en realidad nunca finalizó la educación secundaria) y añadió la escena en que una mujer le abofeteaba (ahora sabemos que este humillante hecho no ocurrió jamás). En palabras de la experta en internet Merlyna Lim:

“Al añadir estos dos ingredientes a la historia, la titulación universitaria y la bofetada, Ali politizó el cuerpo en llamas de Mohamed, al añadirle la dimensión política de un ciudadano privado de sus derechos. Mohamed Bouazizi ya no representaba a los pobres sin estudios que luchaban por tener un plato de comida en la mesa, sino que representaba a todos los jóvenes de Túnez a los que se les habían negado sus derechos y libertades”.

Para Lim, esta conmovedora historia sirvió de “marco de transición” que atrajo a todos los tunecinos, convirtiéndose en el tan ensayado “marco maestro” de las revueltas a nivel nacional como internacional. En esta unión también fueron importantes las actividades de contextualización de los abogados del país. De esta forma, la Asociación de Abogados Tunecinos apoyó las protestas desde el principio, tal y como hicieron muchos abogados a título personal como es el caso de Leila Den Debba, la “abogada convertida en activista”, quien describió los eventos como “una revolución en la que la juventud no se manifiesta para exigir comida sino una vida digna”.

El punto de inflexión sucedió entre el 8 y el 12 de enero de 2011 con la masacre de los manifestantes en Kassarine, en el interior de Túnez. Esta matanza provocó por un lado manifestaciones masivas en la capital en las que el sindicato nacional de trabajadores (UGTT) y las clases medias urbanas sí participaron abiertamente, y por otro la presión del ejército para que Ben Ali dimitiese. En su último discurso, el 13 de enero, el tirano declaró el alto al fuego de “balas reales”, pero ya era demasiado tarde para salvar su régimen y se vio forzado a huir con su familia a Arabia Saudí.

Los relatos periodísticos convencionales sobre las revueltas tunecinas afirman que fue la juventud del país quien forzó un cambio de régimen. De hecho, tal y como sugiere la observación anterior, la realidad es mucho más compleja e incolucra a los propios periodistas. A pesar de que los jóvenes que protestaron en las calles realmente constituyeran una fuerza poderosa, no deberíamos olvidar la participación de agentes de protesta menos visibles. De esta forma, durante la fase previa a Kasserine hubo tres conocidos tipos de tecnólogos por la libertad (hackers/frikis, abogados y periodistas) de WikiLeaks, Anonymous, Al Jazeera, Nawaat.org y otros medios de comunicación cuyo papel fue crucial a la hora de abordar el asunto, ayudados por una amplia gama de especialistas y buena parte de la población liderada por la juventud empobrecida. Esta coalición ad hoc se extendió considerablemente tras la masacre de Kasserine, cuando dos poderosas fuerzas no internautas/ciudadanas de la red (los sindicatos y el ejército) entraron en escena junto con la gran mayoría de la población tunecina. Todo ello supuso el fin del régimen de Ben Ali.

Cinco años después, Túnez en el único país del mundo árabe con una democracia funcional, una nueva constitución basada en los derechos humanos, un gobierno de unidad nacional compuesto por laicos e islamistas y un proceso para la verdad y la reconciliación. Sin embargo, a pesar de esos avances, Túnez sigue siendo un país profundamente dividido, en el que la élite cibernética urbana o digerati disfruta de unas libertades sin precedentes mientras que la población rural todavía sufre carencias económicas dado que las violentas células yihadistas buscan llenar ese vacío. 5

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Del “Yes we camp!” al “Yes we can!

Mientras tanto, en España, críticos locales y extranjeros coinciden en que las protestas de los Indignados (englobadas en el llamado “movimiento 15M”) de 2011 debían haber tenido lugar hacía mucho tiempo. La burbuja del mercado inmobiliario español había estallado en 2008, dejando sin empleo a casi la mitad de la población joven del país, y a millones de ciudadanos más en una situación precaria. Además, una serie de escándalos de corrupción de alto rango había desacreditado a su clase política al tiempo que la ley electoral había perpetuado un sistema bipartidista. La gran mayoría de los jóvenes (y no tan jóvenes) de clase media cualificados, incapaces de encontrar trabajo o a ampliar sus perspectivas profesionales, disfrutaban de su gran tiempo libre mientras todavía vivían “en casa”. De ahí que muchos se encontraban en una situación ideal para unirse al incipiente movimiento. Este también fue un período de rápido crecimiento en cuanto a redes sociales y servicios multimedia móviles en España, con un impactante aumento del uso de internet a través del móvil (un 65%) entre los años 2010 y 2011. Con el vivo recuerdo de las revueltas populares en Túnez y Egipto como precedente, el terreno estaba listo para una “primavera de descontento”. Por último, España tenía una encomiable historia de activismo cibernético cuyos recursos humanos, ideas y prácticas no diferían mucho de aquellos que habían dado resultado en el norte de África.

Las conexiones y solapamientos entre el movimiento por la libertad digital en España y el de los Indignados o 15M son numerosos. De hecho, los activistas por la cultura libre desempeñaron un papel crucial en la concepción, gestación, nacimiento y desarrollo del movimiento. España puede presumir de tener una población activa de internautas desde los años noventa. En diciembre de 2009 se publicó un manifiesto en defensa de los derechos digitales fundamentales y en contra de la llamada Ley Sinde, un proyecto de ley que pretendía truncar la “piratería informática”. Otro tipo de protestas incluían los ataques DDoS (denegación distribuida de servicio por sus siglas en inglés), hashtags o etiquetas en Twitter y acciones directas. En diciembre de 2010 un grupo de abogados especializados en tecnología y otros tecnólogos por la libertad lanzaron una exitosa movilización online en contra de esa ley, ahora renombrada Ley Biden-Sinde en honor al anterior vicepresidente estadounidense, Joe Biden. Este cambio de nombre se produjo después de que WikiLeaks confirmara que la ley había sido redactada bajo la coacción del Gobierno de los EEUU y su grupo de presión industrial y cultural. La movilización fue apoyada por Anonymous, Hacktivistas.net y otros grupos de hackers, y multitud de medios de comunicación alternativos y tradicionales se hicieron eco de la noticia. Para hacktivistas como Margarita Padilla, la lucha contra la Ley Sinde reunió multitudes interconectadas como Anonymous y movimientos tradicionales, forjando unas “alianzas monstruosas” que presagiaban el movimiento de los Indignados.

Haciendo caso omiso al clamor de los cibernautas, el 15 de febrero de 2011 el partido socialista (PSOE), que gobernaba por aquel entonces el país, siguió adelante y aprobó la ley antipiratería bajo la presión estadounidense y con el apoyo de otros partidos mayoritarios españoles. Poco después, el abogado de derechos en internet Sánchez Almeida y otros compañeros, también tecnólogos por la libertad, crearon “No Les Votes”, una plataforma online que urgía a los españoles a responder a dicha traición no votando a ninguno de los partidos mayoritarios en las siguientes elecciones municipales y autonómicas. “No Les Votes” marcó una ruptura radical, una escisión entre los internautas españoles y su clase política que conformaría los eventos posteriores. Pronto recabó el apoyo de Anonymous, Juventud Sin Futuro, Democracia Real Ya (DRY) y otras plataformas que instaron a manifestarse masivamente en toda España el 15 de mayo de 2011 bajo el lema “¡Democracia real ya! No somos mercancías en manos de políticos y banqueros”.

Las marchas fueron concurridas pero no lograron la visibilidad mediática que los manifestantes habían deseado. Sin embargo, un pequeño grupo de manifestantes en Madrid decidió pasar la noche en la Puerta del Sol, la plaza principal de la ciudad. Los tecnólogos por la libertad estaban representados en estos “primeros 40” acampados, incluyendo a un Anonymous que había irrumpido en la ceremonia de los premios Goya, un abogado especialista en copyleft que había trabajado en un prestigioso bufete de abogados, y un miembro del grupo hacktivista e Isaac Hacksimov que describió la ocupación de la plaza como “un gesto que rompió el bloqueo mental colectivo”.

El 17 de mayo, el número de okupas había llegado a los 200 y, para el 20 de mayo, casi 30 000 personas habían tomado la plaza a plena vista de los medios de comunicación nacionales e internacionales. En seguida docenas de plazas en toda España siguieron su ejemplo.

“Con el vivo recuerdo de las revueltas populares en Túnez y Egipto como precedente, el terreno estaba listo para una “primavera de descontento”. España tenía una encomiable historia de activismo cibernético cuyos recursos humanos, ideas y prácticas no diferían mucho de aquellos que habían dado resultado en el norte de África.”

A pesar de la gran trascendencia del papel desempeñado por los hackers y otros expertos informáticos en conferir un marcado carácter de cultura libre al movimiento de los indignados o 15M, es importante no subestimar la función de los periodistas, tanto aficionados como profesionales. En el discurso del 15M, los medios de comunicación convencionales son retratados como parte integral de un “sistema” monolítico hostil para con los manifestantes, mientras que se aplauden el “periodismo ciudadano” y otras formas de comunicación “horizontales” y “en red”. De hecho, sin el apoyo de los periodistas y editores solidarios de los principales medios de comunicación es poco probable que la ocupación de las plazas españolas durante ese mes y sus repercusiones hubieran llegado a un público tan amplio. Ejemplo de ello es Joseba Elola, periodista del periódico de centro-izquierda El País, quien apenas podía contener su emoción mientras informaba desde el campamento de Sol y retrataba a los ocupantes como “jóvenes conscientes de sus libertades civiles que se han levantado para encabezar una protesta con el fin de lograr un gran cambio”. Cabe mencionar que fue precisamente Elola quien aseguró la participación de El País en la publicación global de los cables diplomáticos estadounidenses de WikiLeaks en noviembre de 2010 tras una reunión secreta con Assange en Londres. Esta experiencia transformó la perspectiva profesional de Elola, que se dio cuenta de que los medios de comunicación habían estado “un poco dormidos” y que WikiLeaks había “traído algo muy bueno para el periodismo y la sociedad en su conjunto”.

Avancemos a principios de 2014, cuando varios partidos políticos españoles nuevos anunciaron su intención de presentarse a las elecciones europeas del 25 de mayo de 2014. El pionero de todos ellos fue el Partido X, una “red ciudadana” creada a principios de 2013 por el mismo grupo de tecnólogos por la libertad que se encontraban detrás del grupo DRY de Barcelona. El Partido X no es un partido cualquiera, ya que se basa en los principios y prácticas de la cultura libre/hacker y se considera a sí mismo como una “metodología” que puede tomarse prestada y remezclarse libremente por otros partidos para conseguir un cambio político, siempre y cuando este préstamo se reconozca públicamente. De hecho, poco después, a principios de 2014 se fundó Podemos, un nuevo partido político cuyos líderes anunciaron que adoptarían algunos de los métodos tecnopolíticos del Partido X. Podemos fue una de las grandes sorpresas en las elecciones europeas, consiguiendo el 8% del voto en España y cinco escaños en el Parlamento Europeo.

Podemos es una formación de izquierdas enraizada en el movimiento de los Indignados y liderada por Pablo Iglesias, un carismático politólogo de 38 años. El partido llevó a cabo una estrategia mediática híbrida (o transmediática) muy acertada para su campaña europea al apostar por su telegénico líder en los enfrentamientos de los medios de comunicación cívicos contra el sistema. En cambio, el Partido X se apoyó en gran medida en las redes sociales y decidió no jugar la baza del líder carismático, algo que pagó con creces en las urnas al no obtener ningún escaño europeo. Iglesias se convirtió en un practicante habilidoso del género tertuliano español, debatiendo en programas populares de televisión y radio sobre los sucesos del momento y de cuyos escenarios salía victorioso con frecuencia.

Exactamente un año después, el 24 mayo de 2015, España celebró elecciones municipales. En Madrid, Barcelona, Valencia y otras grandes ciudades nuevos candidatos antisistema ganaron o estuvieron muy cerca de conseguirlo, lo que marcó un cambio enorme en el panorama político del país. En Barcelona obtuvo la victoria Barcelona en Comú, una nueva plataforma municipalista derivada del grupo antidesahucios PAH. Su estimada líder Ada Colau, al igual que Pablo Iglesias, optó por una estrategia transmediática de bajo presupuesto pero muy efectiva. Más de 5000 personas elaboraron su programa electoral, que se basó en las aportaciones tanto de las plataformas online como las asambleas abiertas. 6 La nueva plataforma también dio a luz a SomComuns, una red de activistas de internet que hacían campaña en las redes sociales, así como un colectivo de diseñadores y artistas que reivindicaban la “liberación gráfica” de Barcelona. Los voluntarios de SomComuns eran libres de experimentar con el lenguaje y los formatos audiovisuales. En palabras de uno de sus precursores, “si un mensaje funciona, lo promovemos independientemente de quién lo haya creado. De hecho, algunos de nuestros mejores virales fueron creados de forma anónima”. El vídeo “El run run”, que ejemplifica perfectamente esta “nueva narrativa electoral” con una Ada Colau sonriente, no solo llegó al corazón de sus defensores sino que también consiguió hacerse un hueco en los medios de comunicación convencionales.

Para Carlos Delclós, el éxito de Barcelona en Comú y de otras plataformas similares marca el ascenso de una “nueva agenda municipalista” en España. Esta agenda evoca las ideas del fundador del municipalismo libertario, Murray Bookchin, que identificó sus cuatro características principales: “el resurgimiento de la asamblea ciudadana, la necesidad de confederarse con otros municipios, la política de base como escuela de auténtica ciudadanía y la municipalización de la economía”. Bajo este programa, afirma Delclós, se encuentra “la recuperación de una nueva política participativa estructurada en torno a ciudadanos libres, activos y autónomos”.7

A finales de octubre de 2015 Barcelona en Común anunció que se uniría a Podemos de cara a las elecciones generales el posterior 20 de diciembre.8 Tal como se esperaba, su campaña conjunta mostró una curiosa mezcla de sabiduría tecnopolítica e ideales neoizquierdistas y de justicia social. Presentándose de manera conjunta llegaron a ocupar el primer puesto en Cataluña, obteniendo casi el 25% del voto y 12 diputados de la parte correspondiente a Cataluña en el Parlamento español. A nivel estatal, Podemos se convirtió en la tercera fuerza política de España con más de cinco millones de votos, acumulando un 20.66% del voto total, lo que permitió a este nuevo partido político contar con 69 diputados y poner fin al bipartidismo presente tras el franquismo.
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Los derechos digitales son derechos sociales

Más allá de las particularidades de cada contexto nacional, el éxito en la aplicación de unos ideales y prácticas tecnopolíticas para la transformación democrática consiste en tres elementos principales: una profunda crisis económica, conocimientos interdisciplinarios y un populismo de base. En primer lugar, no es casualidad que los países que consiguieron capear la tormenta económica tras el 2008 (como por ejemplo Alemania, Noruega, Singapur o Indonesia) no experimentaran movimientos masivos de protesta en los que los tecnólogos por la libertad pudieran desempeñar un papel importante. De igual forma, fueron países como Islandia, Túnez, Egipto, EEUU o España, es decir, los países más afectados por la crisis financiera global los que experimentaron un crecimiento espectacular en cuanto a opinión y debates políticos. En segundo lugar, ningún proyecto tecnopolítico puede tener impacto social si se basa únicamente en los conocimientos informáticos de hackers y frikis, sino que debe ser una tarea interdisciplinaria. Para tener éxito políticamente, estos especialistas deben unir fuerzas con otros expertos tecnológicos (como abogados en derechos digitales, periodistas digitales, políticos con intereses informáticos), así como con expertos “no tecnológicos” (artistas, intelectuales, científicos sociales) y ciudadanos de a pie sin conocimientos específicos, mediante iniciativas inclusivas en las que todos puedan contribuir. El catalizador del proceso de cambio es la suma de la gente corriente, los frikis de la tecnología y otros agentes políticos y el uso de las redes sociales, los medios de comunicación convencionales y lugares físicos como calles o plazas. Para conseguir esta convergencia es necesario que los reformistas (y revolucionarios) democráticos en potencia encuentren formas innovadoras de superar el abismo entre las estructuras e intereses de las clases medias y bajas mediante el populismo de base. Esto se observó de manera drástica en el martirio de Mohamad Bouazizi, que sirvió de “marco de transición” que atrajo tanto a los trabajadores como a la clase media tunecina, en el eslogan “Somos el 99%” del movimiento Occupy y en el “No somos mercancías en manos de políticos y banqueros” del 15M español.

En este sentido cabe destacar que España, lejos de ser un líder tecnológico mundial, puede presumir actualmente de encontrarse en primera fila en cuanto a tecnopolítica. Es más, la sociedad civil española ha conseguido esta posición de liderazgo mientras se llevan adelante agendas que luchan por la justicia social y la libertad. En contraste, la escena tecnopolítica del resto de Europa se encuentra dominada por Partidos Piratas con programas “prosociales” (como el garantizar una renta básica o una salud y educación gratuitas) pero, citando a Bart Cammaerts, no parecen dispuestos “a esclarecer su posición ideológica y la relación exacta entre una agenda relacionada con la libertad y una agenda de justicia social”.9

Imagen de Kjetil Korslien

El problema es aún más grave fuera de Europa, donde los tecnólogos por la libertad rara vez establecen un nexo entre libertad y justicia social. Tomemos, por ejemplo, el caso del sudeste asiático, región pionera en cuanto al uso de las tecnologías de la información para provocar un cambio político después de la crisis financiera de 1997 en ese continente, que propició el nacimiento de nuevos movimientos a favor de la democracia en toda la región, particularmente en Indonesia, Malasia y Filipinas.

Una experiencia personal de investigación ayudará a demostrar esta cuestión con mayor claridad. En marzo de 2015 me encontraba en Manila, la capital filipina, para asistir a la cuarta conferencia de RightsCon (sobre derechos digitales) como observador. Según sus organizadores, el objetivo de esta serie de conferencias sobre derechos digitales que, por lo general, se llevan a cabo en Silicon Valley, es “encontrar soluciones a los desafíos de los derechos humanos concentrándonos en las posibilidades del propio sector tecnológico”. En conjunto, RightsCon 2015 fue todo un éxito. Tal y como sus organizadores señalaron durante la ceremonia de clausura, la conferencia de Manila ofreció un espacio seguro y equilibrado en cuanto a género para que los participantes del mundo de la tecnología y la sociedad civil de múltiples países se reunieran y relacionaran.

Sin embargo, había algo en este evento que me empezó a molestar a medida que las charlas se sucedían: su desinterés por la desigualdad social. Esta cuestión global es evidente en cuanto ponemos un pie fuera de la comodidad de un hotel internacional para caminar por las calles de Manila (o de Londres, si vamos al caso). Como experimento, intenté entrar en una bonita urbanización privada con el acertado nombre de “Arcadia”, situada frente al centro de conferencias. Lamentablemente, los guardias de seguridad me negaron el acceso por no contar con un nombre y dirección de contacto dentro del gigantesco recinto. “Lo siento, señor” –se disculpó uno de ellos– “son las reglas”. Mientras tanto, un ejército de trabajadores de Arcadia salía a pie al mismo tiempo que se permitía la entrada al ocasional vehículo de lujo.

La desigualdad económica ha aumentado durante décadas a nivel mundial, tiempo en el que hemos sido testigos de la aparición en paralelo de una plutocracia global y de la consolidación de un “poder corporativo ilegítimo”.10 En la ceremonia inaugural (de RightsCon 2015) se identificó la “desigualdad estructural” como unas de las principales preocupaciones de la conferencia, aunque poco se habló de ella durante el resto del evento.

Podría decirse que la cuestión más urgente que debe plantearse en este y otros eventos sobre derechos digitales es, precisamente, cómo utilizar nuestros conocimientos colectivos sobre tecnopolítica e investigación para abordar las grotescas desigualdades del sistema global actual. Queda pendiente un debate crucial entre los tecnólogos de la libertad que defienden enfoques multilaterales para el futuro de internet 11 y aquellos que, como Ara Balkan, abogan por un orden mundial posplutocrático en el que internet se concibe como un bien público global y no como un campo de batalla de las corporaciones y los estados. Este es el caso del problemático patrocinio de estos eventos por colosales corporaciones de Silicon Valley. Así tuiteaba Balkan en relación a la RightsCon de 2015:


Que #rightscon esté patrocinada por Facebook, Google y Microsoft es como si la #healthcon (#saludcon) fuera patrocinada por McDonald’s, CocaCola y Lucky Strike.

¿Cómo superar el estancamiento de la justicia social más allá de estos pequeños círculos por la libertad de internet? En primer lugar, los académicos, intelectuales, periodistas de medios tradicionales y muchos otros tienen un papel crucial que desempeñar en la exploración de las relaciones entre la libertad (en sus múltiples formas, incluyendo sus dimensiones tecnológicas) y la justicia social, y deben abordar dicha investigación mediante debates públicos basados en evidencias en múltiples entornos físicos y mediáticos, evitando dar por sentado que el capitalismo emprendedor de Silicon Valley es el único modelo de negocio tecnológico disponible. En segundo lugar, debemos empezar a pensar cómo sería una era poscapitalista de innovación sociotécnica y cómo podría contribuir a la renovación democrática en diferentes contextos culturales. En tercer lugar, ya es bastante obvio que la denominada brecha digital no puede afrontarse únicamente con medios tecnológicos y que debe concebirse como parte de otros sistemas más amplios de arraigada exclusión social y económica. Los derechos digitales no son solo derechos humanos, como oímos a menudo en los círculos sobre la libertad de la red: los derechos digitales son derechos sociales.


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Imagen principal de Nicolas Raymond

Artículo original publicado en Transnational Institute (TNI).


Notas al pie de página

  1. Las primeras tres secciones de este artículo son adaptaciones de Postill, J. (2014).
    “Freedom technologists and the new protest movements: a theory of protest formulas.”Convergence, 20 (3), 402-418. Salvo anotaciones expresas, cite ese texto para las referencias bibliográficas.
  2. Michael Mandel (2010).Iceland goes bankrupt, Business Week. 10 de octubre.
    3. Lázaro, Paula (2014).Icelandic Modern Media Initiative. (16:50-17:15).
    4. Véase Rushton, Steve (2014). “Anarchist and Parliamentarian, Iceland’s Birgitta Jónsdóttir Talks Big E-Revolution”. Martes, 4 de enero..
    5. Véase Eakin, Hugh (2015) “Why Tunisia?”, The New York Review of Books, 2 de julio.
    6. Shea Baird, Kate (2015). “Beyond Ada Colau: the common people of Barcelona en Comú”. Open Democracy, 27 de mayo.
    7. Delclós, Carlos (2015a). “Towards a new municipal agenda in Spain. Open Democracy”, 26 de mayo.
    8. Delclós, Carlos (2015b). “Barcelona en Comú joins Podemos in Spanish elections”. Roar Mag, 5 de noviembre.
    9. Cammaerts, B. (2015). “Pirates on the Liquid Shores of Liberal Democracy: Movement Frames of European Pirate Parties”. Javnost-The Public, 22(1), 19-36.
    10. Freeland, C. (2012). “Plutocrats: The Rise of the New Global Super-Rich and the Fall of Everyone Else”. London: Penguin; George, S. (2014). “State of Corporations – The rise of illegitimate power and the threat to democracy”.
    11. Para una reflexión profunda sobre la posición de múltiples participantes sobre la libertad digital sobres, véase MacKinnon, R. (2012). Consent of the Networked: The Struggle for Internet Freedom. Basic Books: New York.

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