El fin del ecocidio

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Tala de árboles en los últimos bosques vírgenes de Europa, situados en los Cárpatos Rumanos. La madera se utiliza para fabricar muebles o se convierte en virutas para quemar en chimeneas. Desde 1990 se han talado ilegalmente unas 366.000 hectáreas de bosques protegidos, casi la mitad del área metropolitana de Barcelona.

“Hasta ahora, la Iniciativa Ciudadana Europea contra el ecocidio tan solo ha obtenido alrededor de 100,000 firmas –una figura bastante inferior al mínimo necesario (1 millón) para qué la Comisión Europea la estudie formalmente. ¿Mirarán atrás las generaciones futuras de un planeta arruinado preguntándose por qué sólo un 0.02% de los europeos ejercieron su derecho democrático a detener el ecocidio? Nos merecemos algo mejor que eso.”

En este artículo, originalmente publicado en The Guardian, Charles Eisenstein analiza detenidamente las consecuencias económicas y legales de una ley anti-ecocidio. Es evidente que hay que proteger al planeta pero, si nuestros sistemas económicos y legales no son compatibles con una ley así, ¿no deberíamos plantearnos cambiarlos? Visitad este enlace para averiguar más sobre la Iniciativa Ciudadana Europea contra el ecocidio.


En una reciente conferencia de prensa, la diseñadora Vivianne Westwood ha expresado su angustia y preocupación por el alarmante empeoramiento del estado del planeta. “La aceleración de la muerte y la destrucción es inimaginable,” dijo “y ocurre cada vez más rápido”.

Hablando en apoyo de la Iniciativa Ciudadana Europea contra el ecocidio, sus palabras reflejan un sentimiento creciente de tener que hacer algo al respecto. Una opción sería consagrar la santidad de la biosfera por medio de una ley.

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Consecuencias de la fracturación hidráulica

Que el ecocidio –la destrucción de ecosistemas– ya sea un concepto establecido apunta a un enorme cambio en la relación entre la civilización industrial y el planeta. La capacidad de matar algo, en este caso la Tierra, presupone que ese algo está vivo. Hoy en día, empezamos a ver al planeta y a todos sus subsistemas como seres que merecen la vida, y no sólo como un catálogo de recursos o un vertedero. Al darnos cuenta de que somos parte de un planeta vivo e interdependiente, conceptos como los de “derechos de la naturaleza” o la “ley del ecocidio” acabarán siendo de sentido común.

Desgraciadamente, vivimos en un sistema económico y legal que contradice esa percepción. Las corporaciones, con plena impunidad legal y a cambio de grandes beneficios, arrasan con sus buldóceres, cortan, taladran, extraen hidráulicamente, minan a cielo abierto e incendian el planeta, provocando el ecocidio una y otra vez. Existe la tentación de atribuir estos horrores a la avaricia corporativa, pero ¿qué vamos a esperar de un sistema legal y económico que justifica y apremia tales actividades? Además, dentro de esta sociedad industrial, todos somos cómplices. Por eso necesitamos una ley contra el ecocidio: sería un símbolo concreto del consenso creciente sobre la necesidad de detenerlo.

En términos morales, el asunto está muy claro pero ¿qué pasa con los términos económicos? ¿Cuál es el sentido práctico de prohibir el ecocidio? ¿Podemos permitírnoslo? La objeción económica implica que: “Claro, deberíamos dejar de asesinar al planeta, pero no es el momento. Tenemos que esperar a que mejore la economía para poder permitírnoslo.” ¿Qué quiere decir esto exactamente? ¿Que deberíamos acelerar nuestra extracción continua del capital natural hasta agotarlo para que, en un futuro imaginario, tengamos suficiente dinero para restaurarlo? ¿De verdad hay quien cree que sólo deberíamos conservar un planeta viviente siempre y cuando no suponga un impedimento al estatus quo?

La dura verdad del asunto —y una verdad que no será del gusto de muchos ecologistas— es que una ley en contra del ecocidio dañaría a la economía tal y como la conocemos. Una economía que depende de mayores niveles de consumo y un volumen creciente de bienes y servicios para que la demanda esté a la altura de las mejoras en productividad y lograr el pleno empleo. Hoy en día, esto supone arrebatar más minerales, madera, peces, petróleo, gas y demás recursos de la Tierra, con la pérdida inevitable de hábitats, especies y, en última instancia, la salud y viabilidad de toda la biosfera.

Charles-Eisenstein

Charles Eisenstein

Cambiarlo no es un asunto trivial. ¿Qué ocurre con esos estimados 500,000 puestos de trabajo que se crearán gracias a la extracción del alquitrán de las arenas bituminosas en Alberta, Canadá, por mucho que esta última suponga una catástrofe ecológica? Tenemos que cambiar nuestro sistema económico para que el empleo no siga dependiendo de la conversión de la naturaleza en productos. Tendremos que remunerar a la gente por desempeñar tareas que no generarán los bienes y servicios que conocemos hoy en día; tareas como replantar bosques, en vez de talarlos indiscriminadamente, o restaurar las marismas, en vez de construir sobre ellas. Todas las facetas de la vida moderna contribuyen al ecocidio; por tanto es de esperar que todas las facetas de la vida cambiarán en la era post-ecocida.

Sería más acertado decir que una ley contra el ecocidio transformaría la economía, en vez de dañarla. Forma parte de la transición a una economía con menos productos desechables y más objetos elaborados con cariño, más bicicletas y menos coches, más huertos y menos supermercados, más tiempo libre y menos producción, más reciclaje y menos vertederos, más compartir y menos propiedad.

¿Qué pasa con el argumento que afirma que Europa, si criminalizara el ecocidio, tendría una desventaja competitiva con los países que lo permitieran? Cierto es que la liquidación rápida del capital natural suele producir grandes beneficios a corto plazo.

¿Cómo va a competir la madera de cosecha sostenible de un lugar con la madera barata proveniente de la talas indiscriminadas de otro? No puede –a menos que la ley contra el ecocidio se incluya en los acuerdos de comercio internacional y las políticas de aranceles. Por desgracia, los acuerdos de comercio internacional que se negocian hoy en día, como el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP) y el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión (TPIP) amenazan con hacer justo lo contrario: las corporaciones podrían invalidar las leyes contra el ecocidio alegando que son un obstáculo al comercio.

Hay que darle la vuelta a este proceso. Una ley europea anti-ecocidio establecería las bases legales y morales de un consenso global para acabar con el ecocidio y preservar el planeta para generaciones futuras. Incluso si no se impusiera de inmediato, la iniciativa supondría una poderosa llamada de atención. Es inevitable que, tarde o temprano, se apruebe una ley de estas características y aquellas empresas con más visión de futuro, las que son capaces de anticipar los cambios que conlleve, se beneficiarán a la larga, aunque suponga transiciones muy duras a corto plazo.

Hasta ahora, la Iniciativa Ciudadana Europea contra el ecocidio tan solo ha obtenido alrededor de 100,000 firmas –una figura bastante inferior al mínimo necesario (1 millón) para qué la Comisión Europea la estudie formalmente. ¿Mirarán atrás las generaciones futuras de un planeta arruinado preguntándose por qué sólo un 0.02% de los europeos ejercieron su derecho democrático a detener el ecocidio? Nos merecemos algo mejor que eso.

Traducido por Stacco Troncoso, editado por Miki Decrece – Guerrilla Translation


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Producido por Guerrilla Translation bajo una Licencia de Producción de Pares.

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